Educan sobre consecuencias sociales y legales de la violencia doméstica

Primera Hora

Durante una mesa redonda, la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT), a través de su presidente Jeffrey J. Pérez Cabán, presentó un cuadro fáctico de las consecuencias legales y sociales de la violencia doméstica en el ambiente laboral. De paso, Pérez Cabán planteó, ante cientos de profesionales de los recursos humanos afiliados a la Asociación de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Puerto Rico, acciones concretas que deben existir en las empresas, para combatir este mal social.

De igual forma, aprovechó la ocasión para hacer un llamado de exhortación a los gremios  sindicales, patronos y empresarios en general a que incluyan los protocolos de violencia doméstica en sus normativas y condiciones de trabajos en sus respectivas industrias.

Según Pérez Cabán, “la violencia doméstica es un mal social que nos afecta a todos los aspectos de la vida, pero más aún en el desempeño de nuestras labores. Por lo cual, todos y todas tenemos la responsabilidad de combatirla”.

Consignó que, según las estadísticas provistas por la Oficina de la Procuraduría de la Mujer el 83 por ciento de las víctimas son mujeres y en su mayoría trabajadoras. Por lo cual, agregó, “es sumamente importante  que cada empresario Puertorriqueño o establecido en nuestra isla integre un Protocolo de violencia doméstica atemperado a la normativa vigente, para que cada persona que labora se sienta segura y apoyada por su institución”.

“Promovemos la política de cero tolerancia a la violencia doméstica, por lo que exhortamos a los patronos y gremios sindicales a que incluyan en sus respectivos convenios colectivos estos protocolos y sean proactivos en defender la dignidad de todo su capital humano. De esta forma, juntos brindamos salud y seguridad laboral a todos nuestros trabajadores”, expresó el funcionario.

La JRT es un organismo cuasijudicial que está facultado para investigar, deliberar y adjudicar controversias obrero-patronales mediante decisiones finales de acuerdo con la Ley 130 de 8 de mayo de 1945, la Ley 333 de 16 de septiembre de 2004 según enmendadas, también conocidas como la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y la Carta de Derechos de Empleados Miembros de una Organización Laboral respectivamente.